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Los convenios para evitar la doble imposición

Los convenios para evitar la doble imposición

También conocidos como CDI, los convenios para evitar la doble imposición son acuerdos que se establecen entre países con el objetivo de impedir que se paguen impuestos dos veces por un mismo hecho imponible, dentro de un mismo periodo impositivo.

Andorra y los CDI

En 2013 Andorra firma con Francia su primer acuerdo bilateral de no doble imposición, que entró en vigor el 1 de julio de 2015. El CDI con España fue firmado a principios de 2015 y entró en vigor el 26 de febrero de 2016.
Actualmente Andorra cuenta con ocho convenios internacionales para evitar la doble imposición con los países siguientes: República Francesa, España, Luxemburgo, Liechtenstein, República de Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Malta, Chipre.

¿Qué provoca una doble imposición?

Uno de los escenarios más comunes se da cuando un contribuyente es residente fiscal de forma simultánea en dos países. Esto es posible, ya que cada país establece sus propios criterios para otorgar la residencia fiscal (y estas diferencias puede provocar que una persona pueda serlo a la vez durante un mismo periodo impositivo).
Otro escenario lo encontramos cuando en un país se está sometido al principio de residencia al mismo tiempo que en otro país aplica el criterio de aplicar impuestos sobre las rentas obtenidas en un estado sin tener en cuenta cuál es la residencia fiscal del perceptor.

¿Sobre qué impuestos se aplican los convenios de doble imposición?

Los CDI afectan a todos los impuestos de personas física o jurídicas con naturaleza directa sobre la renta. Estos son:
– el impuesto sobre sociedades
– el impuesto sobre la renta de las personas físicas
– el impuesto sobre la renta de los no residentes fiscales
– el impuesto sobre las plusvalías en las transmisiones patrimoniales inmobiliarias

Beneficios de los CDI

Los acuerdos ratificados por Andorra para evitar la doble imposición son esenciales para la inversión extranjera en el país. Por un lado, aportan una mayor seguridad jurídica a las empresas que invierten en el país, ya que cumple con los requisitos internacionales. Por otro lado, minimizan la carga impositiva de las inversiones en Andorra, al aplicarse un sistema fiscal ventajoso.