Medidas económicas complementarias para afrontar los efectos del COVID

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Tras las primeras medidas económicas aprobadas el pasado 23 de marzo, Andorra acaba de aprobar un segundo paquete de ayudas y prestaciones para que complementa y refuerza las medidas iniciales.
Con estas modificaciones se pretende proteger al máximo los puestos de trabajo, preservar el tejido productivo e impulsar medidas que garanticen estado del bienestar. Estas medidas se aplican bajo los principios de corresponsabilidad y de proporcionalidad.
A continuación detallamos las principales novedades:

Medidas en materia laboral

Se aprueban las suspensiones temporales de contratos temporales (STCT) y la reducción de la jornada laboral (RJL) en personas asalariadas. Pueden acogerse a estas medidas las empresas que hayan visto suspendida su actividad por decreto del gobierno, así como las que se encuentren sometidas a un régimen de guardia. También pueden adherirse las empresas que, aun estando autorizadas a abrir, demuestren una caída de la cifra de negocio del 50% en el período que va del 1 al 30 de abril de 2020 en comparación al año anterior.
En el caso de los autónomos, se aprueba una prestación mensual de 1.083,33 euros brutos en el caso de tener su actividad suspendida.
Se mantiene el permiso retribuido para hacerse cargo de los hijos menores de 14 años o con discapacidad y que no tengan familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que puedan cuidarlos (excepto abuelos). Ambos progenitores deben encontrarse en esta situación o ser familias monoparentales.

Medidas en materia de Seguridad Social

En el caso de las cotizaciones de las personas asalariadas, el gobierno y la empresa asumen proporcionalmente la parte patronal de la cotización de la rama general.
Las bajas a causa de aislamiento o diagnóstico por COVID-19 se cubren con el 100% de salario desde el primer día en el caso del personal sanitario, y del 66% des del primer día en el caso del resto de profesionales.
En el caso de los autónomos, pueden acogerse a una reducción del 50% en la cotización a la seguridad social o incluso a la suspensión de la misma (en cuyo caso el Gobierno asume el 10% de la cotización en la rama general, de manera que las prestaciones sanitarias quedan aseguradas).

Medidas en materia de arrendamientos e instrumentos de crédito bancarios

Se establece una reducción del 20% en el alquiler de las viviendas y se amplía el periodo de reducción de alquiler en los locales comerciales de acuerdo a los tramos siguientes:
– Si la actividad ha estado abierta, reducción del 80% (anteriormente era del 50%)
– Si la actividad ha estado en régimen de guardia o permanencia o suspendida, reducción del 100% (en lugar del 80% anterior)
En el momento de reanudar las actividades, los alquileres comerciales se irán regularizando de la siguiente manera:
– Primer mes tras la reanudación para actividades que habían estado abiertas: reducción del 50%
– En caso de actividades que habían estado en régimen de guardia y permanencia: reducción del 80% el primer mes tras la reanudación de actividad y del 40% el segundo mes.
– Para las empresas cuya actividad había sido suspendida: reducción del 100% el primer mes tras la reanudación de actividad, del 50% el segundo mes y del 25% el tercer mes.
Se establecen carencias en los pagos de hipotecas de viviendas cuando la cuota más los suministros básicos del hogar superen el 35% de los ingresos de la unidad familiar. También se permite el rescate de planes de pensiones privados por un máximo del importe del salario mínimo de manera mensual.

Medidas en materia Fiscal y tributaria

Finalmente, se encarga la elaboración de una nueva ley antes del 15 mayo, que proponga la reducción de los salarios de los cargos públicos y las instituciones del país, así como la contención del gasto público del presupuesto del gobierno.

Todas las medidas son pocas para intentar mitigar los efectos de la pandemia mundial del COVID-19. Andorra está demostrando estar a la altura de las circunstancias implementando nuevas medidas para intentar proteger el tejido empresarial del país (compuesto en su gran mayoría por pymes y autónomos) así como los trabajadores de sectores como el Turismo y la hostelería, que sin duda serán unos de los más perjudicados. ¡Seguimos adelante!