El Gobierno de Andorra ha presentado una nueva propuesta legislativa centrada en consolidar un crecimiento poblacional moderado y sostenible. Este proyecto de ley actúa como una ampliación de la Ley para el crecimiento sostenible y el derecho a la vivienda, aprobada el 16 de abril de 2025.
El nuevo texto plantea cambios significativos en materia de inmigración y de inversión extranjera, especialmente en lo relativo a los requisitos para obtener permisos de residencia pasiva o de residencia y trabajo por cuenta propia.
Entre sus principales objetivos se encuentran el refuerzo del control migratorio y el aumento de las exigencias económicas de estas modalidades de residencia, para garantizar un desarrollo equilibrado del país.
Tabla de contenidos:
- Requisitos más exigentes para la residencia pasiva en Andorra
Aumento del impuesto a la inversión inmobiliaria extranjera
Nuevos criterios para trabajadores por cuenta propia
Nuevas medidas de control migratorio y contratación en origen
Origen del impuesto sobre la inversión inmobiliaria extranjera
El impuesto a la inversión extranjera inmobiliaria alcanza el 80 % del objetivo anual en solo seis meses
La ley de crecimiento sostenible y derecho a la vivienda
Un nuevo escenario para inversores y residentes
Requisitos más exigentes para la residencia pasiva en Andorra
El nuevo proyecto legislativo contempla un aumento de las condiciones económicas para acceder a la residencia pasiva.
Entre las principales novedades, se incluyen:
- Incremento de la inversión mínima obligatoria, que pasará de 600.000 € a 800.000 €, siguiendo la tendencia ascendente de los últimos años (en 2022 era de 400.000 €).
- Aportación a fondo perdido de 30.000 €, además de un pago adicional de 6.000 € por cada persona a cargo del solicitante.
Con estas medidas, el Gobierno andorrano busca reforzar la sostenibilidad del modelo migratorio. También pretende atraer perfiles con mayor capacidad económica y aumentar la recaudación fiscal, en línea con su estrategia de crecimiento moderado y responsable.
Aumento del impuesto a la inversión inmobiliaria extranjera
Se plantean cambios fiscales importantes vinculados a la inversión extranjera en bienes inmuebles. Este endurecimiento es una medida para reducir la presión sobre el mercado de la vivienda y reforzar la sostenibilidad del crecimiento urbanístico. Las nuevas condiciones fiscales que se barajan son:
- Para la primera propiedad adquirida, se aplicará una tasa del 6%.
- A partir del segundo inmueble, la carga impositiva aumentará al 10%.
Esto supone la tasa impositiva se duplicará en cada caso (anteriormente se había establecido una base impositiva del 3 % para la primera vivienda, un 5 % para la segunda y el 10 % se alcanzaba a partir de la décima propiedad).
Con este cambio, se pretende de moderar la demanda del sector inmobiliario por parte de los extranjeros, a la vez que se espera incrementar de forma significativa la recaudación para las arcas del Estado.
Nuevos criterios para trabajadores por cuenta propia
El proyecto también establece nuevos requisitos para la residencia por cuenta propia, con un control más riguroso del acceso al mercado laboral:
- Se amplía el requisito de reserva de quota de los trabajadores por cuenta propia (previamente a la concesión de la autorización) también para las profesiones tituladas.
- Los trabajadores extracomunitarios deberán esperar hasta su tercera renovación para cambiar de sector profesional, es decir cuando lleven 5 años de residencia.
- Como en el caso de las residencias pasivas, también se exigirá una aportación a fondo perdido de 30.000 € para acceder a este tipo de permiso.
Estas disposiciones buscan garantizar que el perfil profesional y económico de los solicitantes se alinee con las necesidades del país, y se espera que contribuyan a una mayor estabilidad del mercado laboral.
Nuevas medidas de control migratorio y contratación en origen
El proyecto de ley incluye la creación de una nueva tipología de autorización en origen que permitiría al Gobierno controlar mejor la contratación de trabajadores temporales. Si se aprueba, podría entrar en vigor durante la temporada 2026-2027. También se propone regular y crear mecanismos de control para las horas extras que se pueden realizar con un permiso de residencia temporal, siendo un máximo de 52 horas semanales si se realizan en su mismo sector y un máximo de 12 horas/semana si se trabaja en sectores diferentes.
Origen del impuesto sobre la inversión inmobiliaria extranjera
Antes de su creación, el Gobierno de Andorra ya había dado pasos para regular la inversión extranjera en el sector inmobiliario y mitigar su impacto en el acceso a la vivienda de la población residente.
En septiembre de 2023, el Ejecutivo anunció una suspensión temporal de nuevas inversiones inmobiliarias extranjeras, con el fin de contener el aumento sostenido de adquisiciones y asegurar un desarrollo urbanístico más equilibrado. Esta moratoria se mantuvo hasta octubre, coincidiendo con la presentación oficial del futuro impuesto.
Fruto de este proceso, el 29 de febrero de 2024 entró en vigor la Ley 3/2024, que regula el impuesto sobre la inversión extranjera inmobiliaria y su reglamento correspondiente.
Leer el artículo completo sobre la ley del impuesto inmobiliario extranjero.
El impuesto a la inversión extranjera inmobiliaria alcanza el 80 % del objetivo anual en solo seis meses
A fecha de 30 de junio de 2025, la recaudación acumulada alcanza los 7,39 millones de euros, lo que representa el 80 % del total previsto en los presupuestos del Gobierno para todo el ejercicio (9,35 millones de euros).
Durante su primer periodo de aplicación (2024), este tributo generó unos ingresos totales de 15,58 millones de euros, superando también las expectativas iniciales.
Con el incremento de la carga tributaria previsto para 2026, el Gobierno de Andorra estima una recaudación de 22,2 millones de euros.
La ley de crecimiento sostenible y derecho a la vivienda
El proyecto de ley presentado recientemente por el Gobierno andorrano se enmarca como una ampliación y complemento de la Ley para el crecimiento sostenible y el derecho a la vivienda, aprobada en abril de 2025. Esta normativa nace para equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad social y del territorio.
Entre las principales medidas que contempla destacan:
- La regulación del uso de pisos turísticos para controlar su proliferación.
- Incentivos para movilizar pisos vacíos hacia el mercado de alquiler residencial.
- Modificaciones en la fiscalidad aplicada a la vivienda, la inversión extranjera y la inmigración, con el objetivo de garantizar un desarrollo más equitativo.
Esta ley tiene su origen en el debate sobre vivienda celebrado en el Parlamento andorrano en noviembre de 2024, y sienta las bases para las nuevas propuestas legislativas que buscan afianzar un modelo de país más sostenible y accesible. Si quieres conocer su contenido y cómo puede afectar a tu situación o estrategia de inversión, te invitamos a leer el artículo completo.
Ley para el crecimiento sostenible y el derecho a la vivienda en Andorra.
Un nuevo escenario para inversores y residentes
El nuevo proyecto de ley presentado por el Gobierno de Andorra marca un punto de inflexión en el modelo de crecimiento del país. El refuerzo de los requisitos económicos para obtener la residencia y la implementación de medidas fiscales más estrictas son señales claras de una apuesta por la sostenibilidad, el equilibrio territorial y el control migratorio.
Si bien las condiciones para residir o invertir en Andorra serán más exigentes, estas medidas también contribuyen a fortalecer el marco jurídico y económico del Principado.
Desde nuestro equipo, seguimos de cerca todas las novedades legislativas para ofrecer a nuestros clientes información clara y actualizada.
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